Entender el proceso penal en Estados Unidos sin morir en el intento.

La primera reflexión de la que debemos partir antes de intentar entender el sistema procesal penal de Estados Unidos, es que los conceptos a los que nosotros estábamos acostumbrados en nuestro Derecho, o bien mutan, se diluyen o desaparecen, para ofrecernos una visión renovada del proceso inculpatorio.     Abraham Lincoln (Washington DC)Una de las cuestiones que más recelo ha suscitado desde siempre, para aquellos abogados que quieren emigrar a ejercer la profesión a las jurisdicciones de habla inglesa, es el asunto del tipo de Derecho que allí se dirime. No solamente es el hecho de tener que aprobar el conocido como bar examination, que es el examen de acceso a la profesión de la abogacía en los países de habla inglesa, además de muchos otros entre los que se encuentran China, Francia o Japón; sino que además, el abogado que ose jurar la profesión en las jurisdicciones donde prime la Common law, y no nuestro tradicional Derecho procedente de Roma, va a encontrarse trabas donde en su país no las había, y ciertamente muchas otras cosas le resultarán más fáciles y rápidas. Esto, con excepción del Estado de Louisiana, de gran influencia francesa, donde el sistema legal es el continental, y se rigen por imperio de la Ley y no por jurisprudencia.
Desde que somos niños, hemos visto películas y series de TV norteamericanas en las que los abogados se levantan y acuden al estrado con soltura, garbo y determinación, en una especie de teatro psicológico, en el cual tratarán de ablandar al jurado más exigente, defendiendo la inocencia del asesino más cruel con dientes y garras.
La gran influencia de la Constitución de los Estados Unidos de 1787, además de sus primeras diez enmiendas, conocidas como “carta de derechos”, imponen a la federación de Estados, en los litigios a nivel federal, garantizar una serie de derechos a los inculpados en procesos penales.Algunos de los derechos que los inculpados tienen gracias a las enmiendas son, por ejemplo:
- Derecho a un debido proceso penal (due process of law): derecho a no ser privado de la vida, la libertad o la propiedad sin el debido proceso penal – Quinta enmienda (conexión con el contenido constitucional de nuestro artículo 24 CE) (“nor shall be compeled [any person] in any criminal case to be a witness against himself, nor shall be deprived of life, liberty or property, without due process of law“).
- Habeas Corpus – Quinta enmienda.
- Prohibición de fianzas y multas excesivas – Octava enmienda (“Excessive bail shall not be required, nor excesive fines imposed…).
- Juicio rápido y público - Sexta enmienda (“in criminal prosecutions, the accused shall enjoy the right to a speedy and public trial”).
- Ne bis in ídem (Double jeopardy)- Quinta enmienda (“nor shall any person be subject for the same offense to be twice put in jeopardy of life or limb”).
El problema desde su perspectiva constitucional, era la aplicación de estos derechos en las jurisdicciones estatales, ya que además de la Constitución federal, existen 50 constituciones estatales. Por si no fuera poco, el sistema procesal varia de un estado a otro, resultando que existen cuando menos, 53 sistemas diferentes: los 51 sistemas estatales, más el sistema procesal penal del Distrito de Columbia, y el sistema penal militar. Se hace una tarea muy cuesta arriba analizar el mecanismo de cada uno, pero no os preocupéis, este post dará una pincelada general del conjunto.


Como decía, surgió el problema de trasladar los derechos procesales del inculpado recogidos en la Constitución federal a las legislaciones estatales y, diréis, “¿cómo es posible que la legislación estatal pueda ser contraria a la Constitución federal?”. Pues puede, como ya he dicho, en Estados Unidos los conceptos cambian, y es necesaria, como fuente principal de Derecho, la jurisprudencia pronunciada al respecto en cada cuestión. Tal es el caso que no solamente hizo falta, para que se aplicase la generalidad de los derechos del inculpado, que se redactara la decimocuarta enmienda, que en su sección primera declara “nor shall any State deprive any person of life, liberty, or property, without due process of law; nor deny to any person within its jurisdiction the equal protection of the laws” (ningún Estado privará a ninguna persona de su vida, su libertad o sus bienes, sin el debido proceso legal; ni denegará a ninguna persona dentro de su jurisdicción una igual protección de las leyes), sino que además hubo de ser producto de interpretaciones. De todos modos, el artículo sexto de la Constitución Federal recoge la supremacy clause, que otorga fuerza a la Constitución Federal contra la oposición de las legislaciones estatales, y obliga a los jueces de cada Estado a observar los preceptos constitucionales federales.
Como podemos observar, la decimocuarta enmienda habla de un “debido proceso legal”, y de una “igual protección de las leyes”. Esta enmienda, ha debido ser objeto de interpretaciones por parte de la Corte Suprema, en primer lugar, para equiparar el proceso legal en todos los estados, en sentencias como Wolf v. Colorado (pruebas ilegalmente obtenidas, lo que se conoce como fruit of the poisoned tree, o fruto del árbol envenenado), Malloy v. Hogan (derecho a guardar silencio), Benton v. Maryland (ne bis in idem), Hurtado v. California (debido proceso legal), Klopfer v. North Carolina (juicio rápido) o Gideon v. Wainwright (asistencia de abogado); en segundo lugar, con respecto a la igual protección de las leyes, se ha pronunciado así mismo la Corte Suprema en interpretación de la Quinta Enmienda, en la sentencia de 1954 Bolling v. Sharpe.
El control constitucional como vemos, se ejerce por la Corte Suprema, lo que sería impensable para nuestro Tribunal Supremo, ya que para esas labores contamos con el Tribunal Constitucional, y ese control constitucional se ejerce desde 1803, cuando en la sentencia Marbury v. Madison, la Corte Suprema se erigió competente en esos términos, y de la que extraigo para toda mi vida una frase que algún día utilizaré en algún escrito de calificación o en algunas conclusiones, en delitos funcionariales: “cuando la Ley impone un deber a los funcionarios, estos dejan de ser funcionarios del Presidente para convertirse en funcionarios de la Ley”.        Supreme Court de los Estados Unidos (Washington DC)Algo realmente curioso, y que a más de uno nos habrá llamado la atención, es la marabunta de periodistas y fotógrafos que se amontonan en los juicios de personalidades políticas, grupos criminales o delincuentes peligrosos. No ocurre lo mismo en los juicios españoles, no hay prensa. Pero es que la Corte Suprema interpretó en favor del periodismo judicial la Primera Enmienda, que declaraba la libertad de prensa.
Los derechos de los inculpados, por tanto, han sido fraguados por enmiendas e interpretaciones de la Supreme Court, fuente esta última principal del Derecho Norteamericano, y desde 2003, por el Código Procesal promulgado por la Corte Suprema, las Federal rules of criminal procedure.Contiene aproximadamente 70 reglas sobre los siguientes temas: conceptos y testimonio de peritos; judicial notice (reconocimiento de un juez de un hecho notorio y discutido por las partes, sin pruebas); pertinencia de las pruebas (relevancy); hearsay (conocimiento indirecto por lo que dijo un tercero); privilegios; testigos;…

Como ya hemos dejado claro, nos encontramos ante un sistema diferente al nuestro, y como tal, las posiciones de los que nosotros conocemos en nuestros procesos, cambian. Por ejemplo, el fiscal, no pertenece a la escala judicial, sino que es un oficial del ejecutivo, designado o elegido por el pueblo; el abogado defensor es quien se encarga junto con el fiscal de elaborar las pruebas; no hay juez de instrucción, los jueces solo juzgan, no investigan; el acusado tiene derecho a interrogar a los testigos…Como nota positiva, hay algo que no cambia, y es lo que nosotros conocemos como “la conformidad”. Allí se llama “plea bargain”, y es el acuerdo entre el abogado defensor y el fiscal, por el que el acusado se declara culpable de delitos menores o menos numerosos que los cargos de la acusación, mientras el fiscal se compromete a recomendar una pena que no exceda de lo acordado. Este es un derecho primordial de información al acusado. En Estados Unidos, la mayoría de los litigios se resuelven así, recordemos que nos encontramos ante una nación con una gran tasa de delincuencia, y no habría medios económicos que aguantaran un ritmo judicial acorde que decidiera sobre cada acto criminal. En este término, aludiré el principio de oportunidad (principle of opportunity), presente en la legislación procesal americana, por el que se persiguen los delitos más claros y severos, y se dejan de perseguir aquellos menos graves. Injusto, ¿verdad?, pero “más sabe el tonto en su casa que el listo en la ajena”, así que no opinaremos.
Dice la sentencia de la Corte Suprema Wayte v. US: “So long as the prosecutor has probable cause to believe that the accused commited an offense defined by statute, the decisión whether or not to prosecute, and what charge to file or bring before a grand jury, generally rests entirely in his discretion” (Siempre que el fiscal tenga certeza en creer que el acusado cometió una ofensa definida por estatuto, la decisión de si se persigue o no, y qué cargos se archivan o se presentan ante un jurado, generalmente queda enteramente a su discreción).En cuanto a la duración de los procesos y su publicidad, cuestión de curioso carácter por quedar esto impreso en la Sexta Enmienda, hemos de decir que la generalidad es la de una acusación formal por el Gran Jurado dentro de los 30 días bajo arresto, y un juicio dentro de los 70 días siguientes a la acusación formal, con excepciones como por ejemplo, el tiempo para negociar el “plea bargain“. Con respecto al tema de la publicidad, como norma general, los juicios penales están abiertos al público y a la prensa, salvo que se den motivos suficientes para denegar su acceso (compelling) o en procesos que versen sobre terrorismo y Seguridad Nacional.
Expuesto lo anterior, he de aclarar que llegados a juicio, el juez decidirá en base a un principio jurisprudencialmente establecido por la Corte Suprema, el de certeza. La función del proceso penal en Estados Unidos es de lograr la verdad, más allá de cualquier duda razonable (beyond a reasonable doubt). “La presunción de inocencia implica que el Gobierno lleva el cargo de comprobar todo y cada elemento del delito acusado más allá de cualquier duda razonable” (Sullivan v. Louisiana).
A nivel institucional, los abogados en España, formamos parte de los Colegios de Abogados, órgano que se encarga del apoyo y la supervisión del ejercicio de la abogacía, oficial y extrajurisdiccional, por contar solo con facultades disciplinarias para sancionar las conductas de los letrados contra el Código Deontológico de la Abogacía y el Estatuto General de la Abogacía. A diferencia de nuestro sistema, en Estados Unidos existe lo que se conoce como Bar Association, que es una asociación voluntaria de abogados sin facultad oficial alguna, cuyo modelo análogo a nuestro Código Deontológico son las American Bar Association Model Rules of Professional Conduct, las cuales no vinculan a los abogados, solo dan la norma conductual correcta. Las sanciones disciplinarias a los abogados por su mala probidad son impuestas por los órganos jurisdiccionales, pues se pueden anular las sentencias, por la “falta de asistencia efectiva del abogado”, así como se le puede retirar su licencia de ejercicio al abogado en cuestión, mediante queja ante la Corte Suprema (complaint at the Supreme Court).

                 El abogado Bruce Cutler en la defensa de John Gotti, del clan Gambino.

La estructura jurisdiccional no es muy diferente a la española. El Fiscal General del Estado, allí llamado Attorney General, actualmente Eric Holder, es el consejero jurídico principal del gobierno federal, quien le representa ante la Corte Suprema, y quien supervisa la labor de los United States attorneys, que son los fiscales que representan al gobierno federal ante las cortes de apelación y las cortes de distrito, estos cuentan con el FBI en pos de la investigación de los delitos. A nivel estatal, los State’s attorney (Fiscal del Estado), County attorney (Fiscal del condado) y los District attorney (Fiscal del distrito) serán los encargados de representar al Estado correspondiente. Contarán con el apoyo de las policías estatales y locales. En Carolina del Sur se les conoce con el nombre de solicitor.
En cuanto al ámbito de los jueces, a nivel federal hay cuatro escalones, comenzando por el más alto, la Supreme Court (Corte Suprema), que es competente para adjudicar apelación de última instancia en cualquier proceso penal, sea federal o estatal. Por debajo, se encuentran las Court of appeals (Cortes de apelación) y los District judges (Jueces del distrito), que son los jueces de primera instancia en cualquier proceso penal. El escalón más bajo lo ocupan los Federal Magistrate Judges (Magistrados federales), quienes son elegidos por los jueces del distrito, y se encargan de las fases preliminares al enjuiciamiento (prisiones preventivas, pesquisas…).
Un apunte importante para finalizar con el post, es que en Estados Unidos a los jueces se les llama, análogo a nuestro “señoría”, his honor.

Ha sido, como siempre, un placer escribir para vosotros y espero que hayáis disfrutado leyendo el artículo tanto como yo redactándolo.